Justicia española liberó a la enfermera de Hugo Chávez, reclamada en Estados Unidos por el delito de blanqueo

La Justicia española dejó este miércoles en libertad provisional a la que fuera tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y a su marido, Adrián José Velásquez, que habían sido detenidos horas antes en Madrid en base a una reclamación de Estados Unidos por un presunto delito de blanqueo.

Tras ser arrestados, ambos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional española, donde han prestado declaración ante un juez de guardia, que les impuso como condición la necesidad de comparer ante el juzgado cada 15 días. También les ha retirado el pasaporte y les prohibió salir del país, informaron fuentes judiciales.

El juez no ve “justificada” la prisión provisional de manera que acuerda su libertad “a la vista de las circunstancias personales, familiares y laborales concurrentes”, así como “las circunstancias y relativa gravedad” de la conducta por la que son reclamados. En paralelo a la decisión judicial, continúa el trámite relativo a la petición del país norteamericano para que ambos sean extraditados y juzgados por los delitos que allí se les imputa.

En concreto, Díaz y Velásquez, a quienes la Audiencia Nacional rechazó en su momento extraditar a Venezuela por posible vulneración de sus derechos, están reclamados por Estados Unidos por los presuntos delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios. Ambos delitos son castigados con penas de hasta 20 años de prisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó recientemente de esta reclamación por su presunta participación en una “trama de lavado de dinero y cambio de moneda” por un valor de “miles de millones de dólares”.

Según la acusación, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó presuntamente millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz Guillén, y a Velásquez “para asegurar corruptamente los derechos ára realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables”.

El empresario de medios venezolano, al que la Justicia estadounidense considera prófugo y actualmente reside en Venezuela, fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de los mismos cargos de “conspiración para lavado de dinero” y “lavado de dinero”.

Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a diez años de prisión en noviembre de 2018 por su “participación en la conspiración para cometer lavado de dinero”.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de USD 1.000 millones en sobornos de Gorrín y otros implicados “a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país”.

Díaz Guillén y Velázquez ya habían sido detenidos en España abril de 2018, cuando la Embajada de Venezuela emitió una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Distintas secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizaron a finales de 2018 la entrega de Díaz y Velásques a Venezuela. Sin embargo, estas decisiones fueron revocadas por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debido a la “posible vulneración de derechos fundamentales” de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados y atendiendo a la “situación de crisis” que se daba en esos momentos en Venezuela.

La decisión se adoptó por mayoría, no por unanimidad, después de repasar los recursos presentados en relación a las solicitudes de extradición por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos se incluía el relativo al rechazo de entregar al excontable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) José Ramón Sánchez Rodríguez, también reclamado por delitos similares

.Tras repasar los tres casos, la Audiencia Nacional rechazó entregar a la que fuera enfermera de Chávez y su esposo, y mantuvo el acuerdo adoptado en relación a Sánchez Rodríguez.

(Con información de EFE)

Fuente: infobae